Juan Manuel Ojeda L.
En los últimos años, Colombia ha experimentado una transformación digital sin precedentes que ha dado lugar a la aparición de nuevas empresas y a la consolidación de un ecosistema de innovación vibrante. Este cambio se ve impulsado en gran medida por un nuevo marco regulatorio, orientado a flexibilizar las normativas y a derribar barreras burocráticas, lo que ha permitido que las startups encuentren en el país un terreno fértil para el desarrollo y la implementación de ideas disruptivas.
La simplificación de los procesos administrativos y la reducción de trámites han abierto las puertas a emprendedores que, antes, se veían obstaculizados por regulaciones rígidas y procedimientos lentos. Este ambiente propicio ha contribuido a la proliferación de proyectos en sectores tan diversos como fintech, healthtech, edtech y agritech, sectores en los que la tecnología se convierte en el eje central para solucionar problemas históricos y mejorar la calidad de vida de la población. La flexibilización normativa no solo ha favorecido la entrada de nuevas empresas, sino que también ha estimulado la competencia, lo que obliga a los actores tradicionales a reinventarse y a adoptar modelos más innovadores.
En el marco de esta tendencia hacia la desregulación resulta fundamental también la creación sinergias en sector público y privado, además de la participación de inversionistas nacionales y extranjeros lo que permite a los emprendedores acceder a recursos, mentorías y redes de inversión, que son elementos fundamentales para materializar las ideas y ponerlas al servicio de la sociedad, para que grandes proyectos no se queden plasmados solamente en el papel
Ahora bien, como todo cambio trae sus retos, este dinamismo generado por un ambiente normativo que tiende hacia la desregulación en materia tecnológica y de telecomunicaciones, también presenta desafíos importantes. Si bien este entorno facilita la proliferación de empresas innovadoras, lo cual es bastante favorable, es también diametralmente importante que en el afán de mejorar el entorno para la transformación digital, no se comprometan aspectos fundamentales como la leal competencia, la ciberseguridad y la responsabilidad social que debe enmarcar el actuar del Estado. Un entorno totalmente laxo que no disponga salvaguardas adecuadas podría crear nuevos riesgos que afecten la competencia en diferentes sectores y terminen por perjudicar al usuario. Entonces, surge aquí una tarea de gran importancia que deberán ejecutar los reguladores, y es precisamente encontrar ese punto medio que facilite la apertura al cambio ya la digitalización, manteniendo indemnes estándares mínimos que garantices seguridad, beneficio social y una sana y leal competencia en los mercados.
Adicional a lo ya dicho, es importante también que esta evolución digital que ya vive Colombia desde tiempo atrás se complemente con programas de formación y capacitación que fortalezcan el talento local. Las universidades, centros de investigación y entidades gubernamentales deben desarrollar programas que fomenten la investigación y el desarrollo de competencias digitales, permitiendo que el talento se desarrolle y permanezca en el país. Sin duda la educación es un gran herramienta para marcar la diferencia en estos tiempos de revolución digital.
En conclusión, el tránsito hacia la desregulación que aliviana las cargas regulatorias en materia de tecnologías y telecomunicaciones está creando un ambiente propicio una gran evolución digital en el país. Sin embargo esta transformación digital y la innovación deben ceñirse a políticas públicas que, sin restringir la creatividad, aseguren un ambiente competitivo, seguro y equitativo. El reto es consolidar un ecosistema de emprendimiento que impulse el progreso y la inclusión, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para el futuro del país.
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